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El Tratado de Avila Camacho y el conflicto en Chihuahua

A finales de la Segunda Guerra Mundial, el 3 de febrero de 1944, se firmó en Washington, Distrito de Columbia, el “Tratado de Aguas Internacionales” entre México y Estados Unidos.

El gobierno de Avila Camacho, en sus muchas concesiones a Estados Unidos, aprovechó la coyuntura de guerra internacional para obtener con ellas la “tolerancia” de Washignton para con un régimen que Estados Unidos no habria soportdo en otras circunstancias.

Los hechos hablan mas que las palabras. El gobierno izquierdista de Guatemala fue derrocado con ayuda de Washington en 1952. El castrismo fue hostigado por algunos sectores de la política estadounidense desde 1959. Allende fue echado del poder con apoyo de la CIA en 1973. Los sandinistas de Nicaragua fueron hostilizados por guerrillas derechistas auspiciadas por Estados Unidos, etc.

Pero México era “cosa a parte” en el Continente. Los pocos intentos de los Estados Unidos por desestabilizar al régimen priista desataron peligrosas situaciones, como se vio en 1968. Para el vecino del norte, la estabilidad de su vecino era primordial aunque fuese bajo un gobierno sovietizante y corporativista.

Un tratado con ventajas prácticas

En atención al hecho de que los tratados previos entre México y Estados Unidos, incluyendo el despojo de Guadalupe Hidalgo y el fraude de la Mesilla, solo hacían mención de las aguas del Rio Bravo con fines de navegación, el tratado de Avila Camacho reglamentaba el uso de las mismas con otros fines.

Entre otras cosas, el tratado señala que a cada país se le asignan las aguas procedentes de ríos menores que desemboquen en el Rio Bravo siempre que tales rios menores se encuentren totalmente en Estados Unidos o en Mexico.

Así también parte a mitades las aguas correspondientes a los escurrimientos de la presa inferior y en partes proporcionales aquellas que deriven de rios o arroyos compartidos por ambos países.

Establece también mecanismos para la construcción de prensas que garanticen los escurrimientos y alienta a la equidad en el uso de las aguas cuando la cantidad real de las mismas que se encuentre naturalmente en el territorio de cada país sea desigual.

Semejantes cláusulas dictaminan lo conducente para el Rio Colorado, el Rio Tijuana y otros afluentes mayores en la frontera de ambos países.

Indudablemente, el gobierno de Avila Camacho aprovechó la situación para negociar un tratado bajo condiciones bastante equitativas pese a los desarrollos posteriores, donde el avance tecnológico al norte de la frontera puso a México en desventaja con respecto al uso de aguas.

Se involucró en el mismo lo referente a las propiedades privadas involucradas en la zona fronteriza, lo que en el caso mexicano constituía una ventaja para nuestra seguridad nacional. En efecto, para 1944 la colectivización había abolido parcialmente la propiedad privada en gran parte del territorio nacional.

La tragedia del atraso tecnológico

Pese a que el tratado otorgaba a México la posibilidad de construir y operar a sus expensas, en territorio de los Estados Unidos, una estructura de derivación, es muy probable que a raiz de las limitaciones económicas, nuestro país no haya completado la infraestructura necesaria para garantizar el abastecimiento de aguas hacia nuestro país.

Y este es precisamente el problema: que México se encuentra en una situación desventajosa derivada de su propio atraso tecnológico, mas aún cuando tenemos un gobierno que considera la pobreza como sinónimo de dignidad nacional y un Presidente que desacredita a los agricultores chihuahuenses por ser prósperos.

Ya desde tiempos de Ávila Camacho, las aguas de los ríos fronterizos del norte eran vistos como una barrera natural y no como una fuente de prosperidad.

La prioridad era desmilitarizar la frontera para evitar agresiones futuras por parte de Estados Unidos ante el riesgo de que el fin de la guerra mundial representara un retorno del anticomunismo tradicional en Washington y una amenaza para la permanencia del PRI en el poder.

Existe sin embargo, un aspecto trascendente en el Tratado de Aguas Internacionales de 1944 que en su momento fue una concesión hecha a Washington en tiempos de guerra mundial pero que ahora bien puede ser tabla de salvación: en caso de extrema necesidad, sequía o seguridad nacional, es posible disponer de una cantidad adicional de aguas.

Indudablemente, el tratado debe revisarse pero mas que eso, debemos revisar si México verdaderamente construyó infraestructura apropiada.

Debemos también proponer soluciones pragmáticas, puesto que si hay un sector del país donde es necesario el sector privado es precisamente el sector primario: la agricultura.

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