Reforma laboral

La verdad que se esconde tras la reforma del outsourcing.

Tras meses de rumores y comentarios de sobemesa, fue turnada a los parlamentarios la propuesta de reforma a las leyes laborales y fiscales que intentan limitar severamente la práctica del outsourcing.

Quienes defienden este modelo, aduceen que con tanta movilidad laboral donde el trabajador dura poco en cada empleo, los trámites representan una carga pesada para las empresas.

Y si, esto es totalmente verdad pero tampoco podemos soslayar el hecho de que si el trabajador no dura en sus empleos, esto se debe a los bajos salarios, las distancias e incrementos en los precios del transporte y al poco aliciente que tiene para “hacer antiguedad” bajo el esquema actual de pensiones.

Evidentemente, limitar la subcontratación era necesario pero no mediante guerras laborales fabricadas o iniciativas que golpean al sector privado en una época de grave crisis económica, donde lejos de buscar conflictos deberían buscarse concensos.

Un aspecto destacado es que se resta poder a las agencias de contratación, pues desde hace varios años, empresas como manpower o Adecco han dejado de ser intermediarios para seleccionar personal para convertirse en registrantes masivos de empleados.

Ponerlas en cintura implica que tendrán que ceñirse a labores de capacitación o selección pero que no podrán contratar directamente a empleados “prestados” a otras empresas, que realmente trabajan para ellas.

“El trabajo es un derecho, no una mercancía”

Andrés Manuel López Obrador

La declaración anterior suena bien en el papel pero resulta impropia si tomamos en cuenta que resulta mucho mas fácil llegar a una equidad laboral si se concede al trabajo un valor real de mercado.

Además, se culpa al outsourcing de los despidos derivados de la pandemia económica, cuando fueron los cierres decretados por las autoridades los que dejaron sin empleo a millones de personas en todo el mundo, so pretexto de “defender a los débiles” y a los “grupos de riesgo”.

¿Justicia laboral o voracidad de la clase política?

En teoría, se podrá seguir contratando un servicio de outsourcing para labores que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica de la empresa que los requiere.

Esto quiere decir que una línea aérea podrá conservar el servicio de limpieza para sus instalaciones bajo un outsourcing pero estaría obligada a contratar directamente a su personal de call center.

Habiendo dicho esto, hay que decir tambien que las empresas medianas y pequeñas no suelen ocupar servicios de terciarización mas que para temas no relacionados con su actividad (ej. limpieza).

Por tanto, solo los grandes conglomerados que evaden las contrataciones de manera masiva sufrirán afectaciones sustanciales y con algunas correcciones, la reforma aún puede ser benéfica.

No obstante, la izquierda intenta vender la reforma como un acto de justicia a favor de los trabajadores cuando lo que se busca es aumentar la recaudación mediante un refuerzo al Código Fiscal de la Federación.

De hecho, se preveen nueve años de cárcel a quienes evadan el pago de ISR, IVA y cuotas del IMSS mediante la subcontratación, lo cual pone al descubierto el verdadero fin de la reforma.

Lo anterior concuerda con el discurso de una clase política que siempre se ha quejado de la poca recaudación pero que no toma en serio la necesidad de eliminar el burocratismo.

Imponer penas carcelarias resulta inconveniente cuando la planta productiva nacional se encuentra en franco retroceso y las penas pueden usarse a discreción para “castigar” a empresarios incómodos para el gobierno en turno.

Encima de todo, será la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la que otorgue la autorización a aquellas empresas que trabajen mediante outsourcings, lo cual se presta a corrupción o favoritismos.

¿Quién promueve la reforma desde la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado? Napoleón Gómez Urrutia, el polémico dirigente sindical petrolero cuya fortuna personal ha sido cuestionada en los medios.

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