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Carta porte, nueva fase del terrorismo fiscal

La crisis sanitaria derivada del covid-19 ha provocado que miles -o quizás millones- de personas hayan tenido que mudar sus actividades a la estela virtual. El comercio ahora se desarrolla en línea. Esto no solo permitió que muchos pudieran subsistir pese al desempleo sino que también generó un auge de los servicios de mensajería privada.

Como era de esperarse, la burocracia saqueadora y chupasangre, que ve con recelo el ingenio de los mexicanos para arreglárselas frente a la crisis, ha diseñado nuevos paquetes fiscales para sangrar a la ciudadanía inerme frente a los abusos de entidades públicas y privadas, tanto legales como ilegales. El auge de las mensajerías representa una gran oportunidad para la continuación de este terrorismo fiscal, que se dirige teóricamente a las empresas, aunque todos sabemos que estas trasladarán sus costos al ciudadano.

Una nueva faceta del gran hermano

Este mes de enero entró en vigor la llamada carta porte, un trámite burocrático que obliga a quién envía cualquier mercancía a registrar su envío en una plataforma virtual. En dicha plataforma, los remitentes están obligados a reingresar sus datos personales, los de sus destinatarios y la descripción de las mercancías.

Hasta este momento, es importante decir que para quién envía alguna mercancía, el llenado de la carta porte no representa algo más que una incomodidad o una pérdida de tiempo, pero hay que leer entre líneas.

La carta porte no tiene por objeto cobrarle impuestos al que envía sino al transportista, que ahora debe reportar la forma en que realiza el envío. Esto se debe a que los grandes transportistas frecuentemente ocupan mensajerías locales para algunas entregas. La idea del gobierno es tener un férreo control de todos estos procesos para desgracia de las empresas de mensajería y transporte que tendrán más carga de trabajo administrativo, pero es un hecho que tarde o temprano el ciudadano se verá afectado.

Hasta ahora, la afectación al ciudadano común deriva en el probable incremento en los servicios de mensajería y en la pérdida de sus mercancías como consecuencia de las estaciones en las carreteras. Los policías corruptos harán su agosto inspeccionando a los transportistas en atención a los rigurosos controles qué los chupasangre pretenden imponer a la ciudadanía.

Pero también hay un problema y es que toda la información que el gobierno tenga acerca de remitentes destinatarios y mercancías enviadas muy probablemente se utilizará en los próximos años para preparar otra nueva canasta fiscal que si impactará directamente al pequeño comerciante, al cual investigarán por “hacer envíos frecuentes”, por ejemplo.

El obradorismo y el terrorismo fiscal

Ya hemos dicho en el pasado qué las ultimas elecciones presidenciales fueron negociadas. Esto no quiere decir que haya habido fraude en ningún caso. Simplemente quiere decir que Calderón restringió a Josefina para allanar el camino a Peña Nieto y que Peña Nieto designó un candidato palero en el PRI para allanarle el camino a López Obrador.

La popularidad de Andrés Manuel y las esperanzas qué logró implantar en la mente de millones de personas fueron un factor importante para que el sistema decidiera otorgarle la presidencia, pues con un presidente priista o panista habría sido imposible imponer las draconianas medidas fiscales qué los mexicanos estamos presenciando.

Poco podemos esperar de la oposición en este sentido. Los paquetes fiscales fueron aprobados por el Congreso de la Unión y difícilmente podríamos considerarlos como una “imposición” del obradorismo.

Dicho sea de paso, con un gobierno del PAN o del PRI, ya sé habrían dado estallidos sociales ante la draconiana disciplina macroeconómica de un régimen qué se ha caracterizado por la simulación, la ineptitud y el burocratismo.

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